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La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas es el derecho de los particulares a ser indemnizados cuando sufran una lesión en sus bienes o derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos legalmente.

Es una materia importante dentro del temario de oposiciones de Auxiliar Administrativo y Administrativo del Estado, especialmente por los requisitos que debe reunir el daño, los supuestos de responsabilidad concurrente, las reglas para calcular la indemnización y la responsabilidad de autoridades y empleados públicos.

Ojo examen: aquí es especialmente importante distinguir qué daños son indemnizables, cuándo existe responsabilidad solidaria y memorizar los diferentes plazos del procedimiento para exigir responsabilidad a autoridades y personal.

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👉 En esta lección se trabaja el tema completo con el siguiente contenido:

  1. Marco legal.
  2. Principios de la responsabilidad.
  3. Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas.
  4. Indemnización.
  5. Responsabilidad de las autoridades y el personal.

1. Marco legal de la responsabilidad patrimonial

La regulación básica de esta materia se encuentra en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Esta norma establece los principios que determinan cuándo debe responder una Administración Pública por los daños ocasionados a los particulares y regula, entre otras cuestiones, la responsabilidad concurrente de varias Administraciones, las indemnizaciones y la responsabilidad de las autoridades y del personal a su servicio.

Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Publicas

2. Principios de la responsabilidad patrimonial

Como regla general, los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos cuando sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

Este derecho no existe cuando concurra alguno de estos supuestos:

  • Fuerza mayor.
  • Daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar conforme a la ley.

Además, la responsabilidad patrimonial puede extenderse a determinados daños derivados de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria.

Muy preguntado en examen: la anulación de un acto o disposición administrativa, ya sea en vía administrativa o por la jurisdicción contencioso-administrativa, no genera por sí sola un derecho a indemnización.

Requisitos que debe reunir el daño

Para que exista responsabilidad patrimonial, el daño alegado debe reunir tres características fundamentales:

  • Efectivo.
  • Evaluable económicamente.
  • Individualizado respecto de una persona o grupo de personas.

Ojo examen: esta enumeración es especialmente susceptible de aparecer prácticamente de forma literal en una pregunta tipo test.

Responsabilidad del Estado legislador

La responsabilidad del Estado legislador también puede surgir cuando los daños sean consecuencia de:

  • La aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional.
  • La aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea.

En el supuesto de una norma declarada inconstitucional, deben cumplirse los requisitos legalmente establecidos, entre ellos la existencia del correspondiente recurso previo desestimado contra la actuación administrativa que ocasionó el daño.

Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de la norma o su incompatibilidad con el Derecho de la Unión Europea producirán efectos desde la fecha de su publicación en el BOE o en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), según corresponda.

Funcionamiento anormal en determinados procedimientos constitucionales

Cuando el Tribunal Constitucional declare, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad, corresponderá al Consejo de Ministros fijar el importe de las indemnizaciones que procedan.

El procedimiento para determinar dicho importe será tramitado por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.

Pregunta trampa: pueden intercambiar en el test Consejo de Ministros, Ministerio de Justicia y Consejo de Estado. Conviene tener clara la función que corresponde a cada uno.

3. Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas

Puede ocurrir que un daño sea consecuencia de una actuación en la que participen varias Administraciones Públicas.

Fórmulas conjuntas de actuación

Cuando la responsabilidad proceda de la gestión derivada de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones Públicas, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular de forma solidaria.

Esto no impide que el instrumento jurídico que regule la actuación conjunta determine posteriormente cómo se distribuye la responsabilidad entre las diferentes Administraciones participantes.

Administración competente para tramitar el procedimiento

La Administración competente para incoar, instruir y resolver el procedimiento será:

  1. La establecida en los estatutos o reglas de la organización colegiada.
  2. En su defecto, la Administración que tenga una mayor participación en la financiación del servicio.

La Administración competente deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas, que dispondrán de un plazo de 15 días para exponer lo que consideren procedente.

Ojo examen: recuerda tanto el criterio subsidiario de la mayor participación en la financiación como el plazo de 15 días.

Otros supuestos de concurrencia

Cuando varias Administraciones hayan intervenido en la producción del daño fuera de las fórmulas conjuntas anteriores, la responsabilidad correspondiente a cada una se determinará atendiendo a tres criterios:

  • Competencia.
  • Interés público tutelado.
  • Intensidad de la intervención.

Cuando no sea posible determinar la responsabilidad conforme a estos criterios, la responsabilidad será solidaria.

4. Indemnización

No todo daño producido en relación con una actuación administrativa genera automáticamente derecho a una indemnización.

Solo serán indemnizables las lesiones derivadas de daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley.

Daños que no son indemnizables

No serán indemnizables los daños derivados de hechos o circunstancias que no hubieran podido preverse o evitarse teniendo en cuenta el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento en que se produjeron.

Este punto puede generar preguntas trampa, especialmente cuando el enunciado modifica el momento que debe utilizarse para valorar el estado de la ciencia o de la técnica.

Responsabilidad del Estado legislador y plazo de cinco años

En los supuestos previstos legalmente, serán indemnizables los daños producidos durante los cinco años anteriores a la fecha de publicación de la sentencia que declare:

  • La inconstitucionalidad de una norma con rango de ley.
  • El carácter contrario al Derecho de la Unión Europea de una norma.

Muy preguntable en test: no confundas este plazo de cinco años con otros plazos relacionados con la responsabilidad patrimonial.

Cálculo de la indemnización

La indemnización se calculará aplicando los criterios de valoración establecidos en:

  • La legislación fiscal.
  • La legislación sobre expropiación forzosa.
  • Las demás normas que resulten aplicables.

Cuando corresponda, también se tendrán en cuenta las valoraciones predominantes en el mercado.

En los supuestos de muerte o lesiones corporales podrán utilizarse como referencia los baremos establecidos en la normativa vigente en materia de seguros obligatorios y de Seguridad Social.

La cuantía de la indemnización se calculará tomando como referencia el día en que la lesión se produjo efectivamente.

Ojo examen: es fácil que una pregunta sustituya esta fecha por la de presentación de la reclamación, la resolución del procedimiento o el pago de la indemnización.

5. Responsabilidad de las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones

Cuando una Administración haya indemnizado a una persona lesionada, deberá exigir de oficio y en vía administrativa la responsabilidad correspondiente a las autoridades y demás personal a su servicio cuando hayan actuado con:

  • Dolo.
  • Culpa grave.
  • Negligencia grave.

Para ello será necesaria la previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Esta responsabilidad puede referirse tanto a los daños ocasionados a los interesados como a los producidos a la propia Administración.

Criterios para determinar la responsabilidad

Para exigir y, en su caso, cuantificar esta responsabilidad se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios:

  • El resultado dañoso producido.
  • El grado de culpabilidad.
  • La responsabilidad profesional del personal.
  • Su relación con la producción del resultado dañoso.

Trámites y plazos del procedimiento

Este es uno de los apartados que más conviene trabajar de cara al test de oposiciones, porque concentra varios plazos que pueden confundirse fácilmente.

  1. Alegaciones: 15 días.
  2. Práctica de las pruebas: 15 días.
  3. Audiencia: 10 días.
  4. Propuesta de resolución: 5 días desde la finalización del trámite de audiencia.
  5. Resolución: 5 días por el órgano competente.

La resolución que se dicte pone fin a la vía administrativa.

Muchos opositores fallan aquí: memorizar únicamente los plazos no siempre es suficiente. En las preguntas pueden intercambiar el trámite al que corresponde cada uno. Conviene asociar siempre trámite + plazo: alegaciones 15, pruebas 15, audiencia 10, propuesta 5 y resolución 5.

Responsabilidad penal del personal

La exigencia de responsabilidad penal al personal al servicio de las Administraciones Públicas no suspende, como regla general, los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se estén tramitando.

Existe una excepción: cuando la determinación de los hechos por la jurisdicción penal resulte necesaria para poder fijar la responsabilidad patrimonial.

Cómo se pregunta este tema en oposiciones

La responsabilidad patrimonial permite plantear muchas preguntas tipo test porque combina conceptos, requisitos, excepciones, órganos competentes, criterios y plazos.

En las oposiciones de Auxiliar Administrativo y Administrativo del Estado debes prestar especial atención a:

  • Los requisitos del daño: efectivo, evaluable económicamente e individualizado.
  • La diferencia entre funcionamiento normal y anormal de los servicios públicos.
  • Los supuestos en los que el particular tiene el deber jurídico de soportar el daño.
  • El efecto que tiene la anulación de un acto administrativo sobre el derecho a indemnización.
  • La responsabilidad derivada de normas declaradas inconstitucionales o contrarias al Derecho de la UE.
  • La responsabilidad solidaria cuando intervienen varias Administraciones.
  • Los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención.
  • El plazo de 15 días para las Administraciones implicadas.
  • El periodo de cinco años relacionado con determinados daños derivados de la responsabilidad del Estado legislador.
  • Los criterios utilizados para calcular las indemnizaciones.
  • Los supuestos de dolo, culpa o negligencia graves de autoridades y empleados públicos.
  • La secuencia de plazos 15 – 15 – 10 – 5 – 5 del procedimiento.

Una forma habitual de complicar estas preguntas consiste en cambiar una sola palabra, un plazo o el órgano competente. Por eso, más que memorizar párrafos completos del temario, interesa entender primero la regla y después practicar sus excepciones mediante preguntas tipo test.

Prepara este tema con enfoque de examen

Conocer la teoría es el primer paso. La diferencia está en cómo se trabaja para llegar preparado al examen: explicaciones claras, clases en vídeo sin rodeos y práctica continua para aprender a detectar las preguntas trampa.

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